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Si bien todavía no comenzó el año legislativo, están comenzando a perfilarse los temas que aparecerán en el Congreso dentro de dos semanas. Entre ellas figura el tratamiento de la Ley de Alquileres o Ley de Inquilinos, que podría ser aprobada en abril.

El proyecto –que ya cuenta con media sanción– busca dar una regulación y mediar entre propietarios, inmobiliarios y quienes alquilan.

 

alquileres gananciasObjetivo de la Ley

Según informó IProfesional, la iniciativa busca modificar el Código Civil y Comercial para otorgar mayores derechos a los inquilinos.

Se busca ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler y que las subas semestrales pasen a ser anuales y sean medidas en base a índices inflacionarios.

El proyecto contempla la devolución del depósito en garantía y analiza la eliminación del plazo de seis meses para que los inquilinos puedan rescindir el contrato sin causa, así como también que inquilinos y propietarios deberán acordar o no la renovación del contrato dentro de los 60 días previos al vencimiento.

Por otro lado, también se mete en un tema central y que podría generar chispas: el rol de las inmobiliarias y, principalmente, las comisiones que cobran, la gran mayoría de las veces excesivas y abusivas.

“El mercado inmobiliario no quiere ningún tipo de regulación, prefieren estar desregulados para poder abusar de las condiciones de los inquilinos”, aseguró Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. Cualquier tipo de regulación implicará un límite a las inmobiliarias.

De todos modos, aclaró que la ley será un “primer paso”, y señaló otras modificaciones necesarias en un futuro: “Es un mercado en negro, no hay registro de nada, cómo y cuánto facturan, es un negocio muy turbio”.

El proyecto fue aprobado por la Cámara Alta el pasado mes de noviembre, para luego ser girado a la Comisión de Legislación General de Diputados.

Desde el Gobierno aseguran que el proyecto de ley tiene prioridad en el Congreso, por eso expertos aseguran que será tratada entre marzo y abril, aunque los plazos podrían variar según la agenda parlamentaria.

 

 

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