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Desde el 1 de septiembre se abrieron 146 sociedades anónimas simplificadas (SAS), es decir, empresas que se pueden poner en marcha en 24 horas por Internet, tal como contempla la nueva ley de emprendedores que impulsó el Ministerio de Producción. Hay una salvedad: todas ellas fueron en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Por eso, el Gobierno lanzó esta semana el tramo federal de esta iniciativa. La primera provincia que se sumaría al listado es la de Buenos Aires y se espera que lo haga desde el 1 de noviembre. Sería un avance importante, ya que junto con CABA suman el 50% de las sociedades del país. Le seguirían Córdoba y Santa Fe, y también avanzan Jujuy, Mendoza y Neuquén.

El caso testigo de la ciudad porteña, en el que el Ministerio de Producción trabajó junto con los de Modernización y Justicia, permitió elaborar una especie de kit de implementación llave en mano que el Gobierno nacional busca impulsar en las provincias y que consiste en una suma de dinero (que depende de las necesidades de cada provincia), equipamiento de hardware software, capacitación a los recursos humanos y asesoramiento. Todavía falta profundizar una pata del proyecto: la integración con los bancos.

Todo esto persigue un objetivo de fondo que es crear 300.000 nuevas empresas netas, es decir, el resultado de las abren menos las que cierran. Es que hoy se crean unas 60.000 firmas al año, pero cierran igual cantidad. En los mejores momentos del país llegó a haber picos de 40.000 nuevas compañías al año, pero eso ya no sucede.

Hoy hay en la Argentina unas 850.000 pymes (600.000 con más de cinco empleados), que representan el 98% del total de firmas, el 70% del empleo privado (con unos 4,3 millones de puestos de trabajo) y facturan en promedio 4,9 millones de pesos al año cada una, según datos de la Secretaría de Pymes. Además, unas 320.000 pymes ya se inscribieron en el Registro Pyme, tal como establece la nueva ley para pequeñas y medianas empresas, que permite que paguen menos impuestos, tengan préstamos más accesibles y realicen trámites de manera simplificada. “La idea es que no nazcan quebradas”, dijo una fuente vinculada al proyecto.

Entre los beneficios, se destacan la eliminación del tributo a la ganancia mínima presunta, pago del IVA a 90 días, compensación del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias, descuento de hasta 10% de Ganancias de inversión en maquinaria e infraestructura y créditos del BICE con tasas del 16% a siete años. El Ministerio de Producción dice en un informe haber generado beneficios por $ 22.700 millones.

Alcanza con que la empresa esté registrada para gozar de los beneficios, pero la Ley Pyme requiere de la adhesión de las provincias para que las compañías tengan estabilidad fiscal por dos años, es decir, para que no les suban los impuestos. Por ahora sólo se sumaron Chaco, Chubut, Córdoba, Jujuy, Misiones, Neuquén y San Juan, y Salta sacó una ley propia con más beneficios.

Dentro de este gran grupo de pequeñas y medianas empresas, el Gobierno trabaja con especial interés en las que denomina “dinámicas”. Son aquellas firmas con menos de 5 años de vida, muy vinculadas a la tecnología y al mundo emprendedor, y -según explicaron- son las que más “empleo nuevo” pueden generar, tanto en la Argentina como en el mundo. En el país son unas 220.000 (el 37% del total) y son responsables por el 15% del trabajo privado.

En este camino, el Gobierno también impulsa la nueva Ley de ART, que busca disminuir la cantidad de juicios laborales, que a las pymes se les vuelven muy costosos. Requiere la adhesión de las provincias, pero sólo se sumaron CABA, Córdoba y Jujuy. “En la provincia de Buenos Aires se aprobó en Diputados pero el massismo no da quórum en el Senado. Mientras, este año se duplicaron los juicios laborales en la provincia, porque también absorbió los de la Ciudad”, dijo una fuente al tanto de las negociaciones.

Otro objetivo del Gobierno es aliviar la burocracia en las empresas. Por eso, ya se está trabajando en “normas diferenciadas por tamaño de empresa” o que las normas tengan que aprobar un “test pyme” antes de ser sancionadas para asegurarse de que estas firmas no sean perjudicadas por las nuevas disposiciones.

 

Fuente: La Nación

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